1. Debemos recordar que, de acuerdo con la Constitución Nacional, todo ciudadano tiene “derecho a su intimidad personal y familiar” (art. 15). La información sobre la condición de salud pertenece al ámbito de lo privado por lo que su divulgación y estudio por parte de terceros, aún en ejercicio de la libertad de expresión (art. 20), involucra una violación a los derechos fundamentales.
2. Como lo han señalado la Organización Mundial de la Salud y numerosos estudios en Colombia y otros países, el uso de rótulos diagnósticos en salud mental en el discurso público generalmente conlleva a la estigmatización de los individuos y a un uso irresponsable de categorías como adicción, depresión, o bipolaridad, que se encuentran cargadas de prejuicios e imaginarios en la población general. Las categorías diagnósticas deben ser utilizadas en el ámbito profesional especializado y son los profesionales quienes, guiados por el conocimiento científico y los estándares éticos representados en códigos, quienes guían el manejo de cualquier condición de salud mental.
3. La estigmatización implica juicio personal y simplificación de la identidad. Esto significa que un rótulo, por ejemplo, adicción, conlleva a juzgar a la persona como adicta, incapaz, débil de voluntad, entre muchos otros prejuicios e intuiciones individuales propios de determinados grupos sociales proclives a la discriminación y exclusión de las personas juzgadas de tal manera. Por otra parte, se genera el riesgo de simplificar la identidad de las personas o poblaciones a ese elemento particular del rótulo: en el discurso de la gente, se transforma el verbo tener, padecer o encontrarse en condición de, a ser. La identidad personal no puede reducirse a una impresión diagnóstica.
4. Llevar a cabo evaluaciones sobre la salud de un individuo a través de observaciones públicas y análisis solamente semiótico es irresponsable. Para poder establecer un diagnóstico existen técnicas, procedimientos y herramientas que requieren de la participación por parte de la persona evaluada y de un profesional experimentado en el área. De esta manera, cualquier observación sobre la salud mental de un sujeto realizada por un psiquiatra o psicólogo que no sea su tratante es un ejercicio incompleto que carece de la rigurosidad científica requerida. Dado que se trata de la vida pública de una persona, se señala también, que la información que pudo haberse adquirido en un contexto profesional, no debe nunca servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado Cabe recordar que, en caso de ser el profesional tratante, la divulgación de la información implica una violación de la obligación al secreto profesional.

De acuerdo con estos puntos, hacemos un llamado a recordar la importancia del respeto, la responsabilidad y el cuidado como fundamento de las relaciones sociales y las manifestaciones públicas.

Cordialmente,
Comité Académico de Ética Psicológica.