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Según la Ley 1090 de 2006 en concordancia con el artículo 14, se estipula que el psicólogo está obligado a informar a los organismos competentes sobre la violaciones de los derechos humanos, malos tratos o condiciones inhumanas a las cuales este  sometido cualquier individuo y de la cual tenga conocimiento dentro de su ejercicio profesional. Por tanto, el psicólogo social debe respetar las prácticas e identidad de la comunidad con la que esté trabajando, sin embargo, tiene la responsabilidad de intervenir y de denunciar aquellas prácticas que violen los derechos humanos fundamentales, siendo en este caso la mutilación genital femenina. La cual es una práctica que se debe detener, a pesar de estar justificada dentro de la propia comunidad.